El gobierno de Sebastián Piñera rechazó en forma parcial una propuesta
de los estudiantes para intentar acercar posiciones y encauzar el
diálogo. El movimiento estudiantil, que reclama una educación gratuita y
de calidad, anunció que convocará a nuevas marchas.
Los máximos dirigentes universitarios repudiaron la negativa del
gobierno a acoger sus demandas para iniciar un diálogo y anunciaron
nuevas movilizaciones, incluidos dos paros nacionales en septiembre.
"El gobierno ha hecho la apuesta de que el movimiento estudiantil está debilitado. No es así. Este movimiento tiene todavía capacidad de seguir en pie", sostuvo Francisco Figueroa, vicepresidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile.
Las nuevas movilizaciones responden a la posición del gobierno del presidente Sebastián Piñera de rechazar dos de las cuatro garantías demandadas por estudiantes universitarios y secundarios para iniciar un diálogo que ponga fin a las protestas iniciadas hace cuatro meses.
Llamó la atención que, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones, no ejercieron la vocería de las cúpulas estudiantiles de las 25 universidades estatales chilenas los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, los más moderados dentro del movimiento universitario, según analistas.
"Lamentamos profundamente que el gobierno se haya negado a entregar condiciones, la verdad mínimas, de sentido común... porque nosotros estamos dispuestos al diálogo", añadió Figueroa.
La negativa complicó aún más el panorama que afecta a la educación chilena, una de las más desiguales del mundo.
Los universitarios exigen una educación de calidad, igualitaria, gratuita y el fin del lucro, mientras los secundarios demandan que la administración de sus escuelas salga del ámbito municipal y retorne al Estado.
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, fue el encargado de entregar la posición oficial, mientras los líderes universitarios estaban reunidos en el vecino puerto de Valparaíso.
"El gobierno ha hecho la apuesta de que el movimiento estudiantil está debilitado. No es así. Este movimiento tiene todavía capacidad de seguir en pie", sostuvo Francisco Figueroa, vicepresidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile.
Las nuevas movilizaciones responden a la posición del gobierno del presidente Sebastián Piñera de rechazar dos de las cuatro garantías demandadas por estudiantes universitarios y secundarios para iniciar un diálogo que ponga fin a las protestas iniciadas hace cuatro meses.
Llamó la atención que, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones, no ejercieron la vocería de las cúpulas estudiantiles de las 25 universidades estatales chilenas los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, los más moderados dentro del movimiento universitario, según analistas.
"Lamentamos profundamente que el gobierno se haya negado a entregar condiciones, la verdad mínimas, de sentido común... porque nosotros estamos dispuestos al diálogo", añadió Figueroa.
La negativa complicó aún más el panorama que afecta a la educación chilena, una de las más desiguales del mundo.
Los universitarios exigen una educación de calidad, igualitaria, gratuita y el fin del lucro, mientras los secundarios demandan que la administración de sus escuelas salga del ámbito municipal y retorne al Estado.
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, fue el encargado de entregar la posición oficial, mientras los líderes universitarios estaban reunidos en el vecino puerto de Valparaíso.
LA PROPUESTA DE LOS ESTUDIANTES
Los
universitarios exigían paralizar la discusión y envío al Congreso de
proyectos relativos a la educación; eliminar el plazo del 7 de octubre
para cerrar el semestre académico, suspender la entrega de dineros
fiscales a las universidades que lucran con ellos y la transmisión
directa de las negociaciones.
El gobierno aceptó parcialmente las dos últimas, al señalar que entregará actas de las reuniones, en caso de concretarse, y que fiscalizarán, a futuro, el lucro en los planteles privados.
Mantener los plazos para cerrar el año escolar implicará que unos 80.000 secundarios repitan al carecer del porcentaje mínimo de asistencias, mientras otros 160.000 aceptaron alternativas para aprobar, como rendir exámenes libres. Los universitarios perderán las becas y créditos por no cerrar el semestre académico, y deberán abandonar sus estudios por falta de dinero.
Los plazos son calificados de presiones del gobierno, pero Bulnes respondió que las fechas "estaban previstas antes de que comenzara este conflicto". En el caso de los secundarios, dijo que aunque extendieran el año escolar hasta fines de enero del 2012, no se cumpliría con las semanas mínimas de clases. "No es que no queramos, es que no se puede", aseveró.
Sobre la paralización de los proyectos de ley relacionados con una rebaja en los créditos con aval del Estado y la reprogramación de 110.000 morosos que figuran en un listado nacional que les impide contraer préstamos habitacionales, en casas comerciales e incluso, a veces, encontrar trabajo, Bulnes afirmó que "no vemos cómo (el hecho de) tramitar este proyecto podría ser un obstáculo a nuestro proceso de diálogo".
"Ratificamos nuestra apertura y esperamos que ese ánimo también esté en los estudiantes y que no haya imposiciones", enfatizó el ministro.
El gobierno aceptó parcialmente las dos últimas, al señalar que entregará actas de las reuniones, en caso de concretarse, y que fiscalizarán, a futuro, el lucro en los planteles privados.
Mantener los plazos para cerrar el año escolar implicará que unos 80.000 secundarios repitan al carecer del porcentaje mínimo de asistencias, mientras otros 160.000 aceptaron alternativas para aprobar, como rendir exámenes libres. Los universitarios perderán las becas y créditos por no cerrar el semestre académico, y deberán abandonar sus estudios por falta de dinero.
Los plazos son calificados de presiones del gobierno, pero Bulnes respondió que las fechas "estaban previstas antes de que comenzara este conflicto". En el caso de los secundarios, dijo que aunque extendieran el año escolar hasta fines de enero del 2012, no se cumpliría con las semanas mínimas de clases. "No es que no queramos, es que no se puede", aseveró.
Sobre la paralización de los proyectos de ley relacionados con una rebaja en los créditos con aval del Estado y la reprogramación de 110.000 morosos que figuran en un listado nacional que les impide contraer préstamos habitacionales, en casas comerciales e incluso, a veces, encontrar trabajo, Bulnes afirmó que "no vemos cómo (el hecho de) tramitar este proyecto podría ser un obstáculo a nuestro proceso de diálogo".
"Ratificamos nuestra apertura y esperamos que ese ánimo también esté en los estudiantes y que no haya imposiciones", enfatizó el ministro.
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