Con el ajustado triunfo de Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral por sobre Keiko Fujimori, el Perú ingresa en una nueva fase política cuya evolución y orientación ideológica aún no pueden predecirse con exactitud. Su signo estará determinado por la capacidad de resistencia a las presiones y la construcción de mayorías del nuevo gobierno frente la real politik de un país que se ha entregado con entusiasmo al libremercadismo.
Una muestra de lo que deberá enfrentar Humala ya pudo verse con la caída de más del 12 por ciento de la Bolsa de Lima al día siguiente de su victoria electoral. El presidente electo sabe ahora que no bastaron todas sus pruebas de amor al denominado "modelo" peruano, ni haber abjurado públicamente de todo resabio de "chavismo" que pudiera haber en su proyecto político para convencer a los representantes locales y transnacionales de la economía concentrada sobre su vocación de seguir el mismo camino que sus antecesores en el cargo.
Por lo pronto, puede afirmarse que los casi ocho millones de peruanos que votaron por este político nacionalista rechazaron con claridad la posibilidad de un retorno al fujimorismo, sinónimo de autoritarismo, desprecio por las leyes, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Exactamente lo que el empresariado, los medios, el gobierno saliente de Alan García y la casi totalidad de la clase política peruana señalaban como el único camino posible para asegurar la continuidad del “éxito” del actual rumbo económico.
Lo que el establishment peruano y sus socios externos exhiben como “éxito” es el buen desempeño macroeconómico del país, atribuido entre otros factores al tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, en vigencia desde 2009, y a otros acuerdos comerciales de índole similar con Canadá, Singapur, China, Corea y Japón, entre otros países. Pero esta pretendida buena performance de la economía peruana, que otorga liquidez y atrae inversores, se concreta a un elevado costo social: más del 31,3 por ciento de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza, incluyendo un 10 por ciento en la pobreza extrema.
Por otro lado, los capitales extranjeros que llegan atraídos por los recursos naturales del país, sobre todo en el sector de la minería, se concentran en proyectos extractivos que dejan muy poco al mercado local. Y en el marco de los acuerdos de libre comercio vigentes logran imponer condiciones desfavorables para la mano de obra y las industrias locales.
Estos son los condicionamientos externos. Ollanta Humala deberá además trabajar sobre su propia historia política y transformarla en una herramienta en la que apoyarse para impulsar un proyecto que pueda calificarse nítidamente como progresista.
Su arribo a la política desde las Fuerzas Armadas tiene un origen familiar. Su padre, Isaac Humala Núñez, es un conocido activista ultranacionalista, creador de una corriente política de fuerte influencia entre los militares peruanos, denominada “etnocacerismo.” El etnocacerismo aúna el culto a las culturas ancestrales andinas con el de los héroes de la guerra del Pacífico contra Chile, a fines del siglo XIX, particularmente la figura del mariscal Andrés Avelino Cáceres, pero no excluye algunas ideas marxistas. Un desarrollo que tiene antecedentes en la política peruana con el general Juan Velasco de Alvarado, que derrocó a través de un golpe al presidente Fernando Belaúnde Terry en 1968 para instaurar un gobierno militar de orientación socialista.
Junto con su hermano Antauro, también militar, Ollanta fue uno de los promotores de una logia etnocacerista en el Ejército peruano en los años 80. En su foja de servicios se cuenta haber hecho un curso de combate en la Escuela de las Américas, la participación en la lucha antiguerrillera contra Sendero Luminoso en 1992, y en la guerra fronteriza con Ecuador en 1995.
Antauro Humala, por su parte, fue acusado de violaciones a los derechos humanos en el marco de operaciones contra Sendero Luminoso, aunque no hay procesos judiciales en su contra. En 1998, cuando ostentaba el rango de mayor de Infantería, Antauro fue pasado a retiro.
En octubre de 2000, el mismo día que el monje negro fujimorista Vladimiro Montesinos huía a Venezuela en un yate, los hermanos Humala encabezaron una sublevación contra el gobierno de Alberto Fujimori, al que consideraban ilegítimo, en la zona de Locumba, secundados por unos 70 reservistas. Depusieron las armas luego de la caída de Fujimori, y recibieron una amnistía.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo, Ollanta Humala fue designado agregado militar en Francia, donde aprovechó su estadía para estudiar Ciencias Políticas, y en Corea del Sur.
En diciembre del 2004, Ollanta fue pasado a retiro por orden del general Luis Muñoz Díaz, a quien el líder nacionalista había criticado vinculándolo con el fujimorismo.
A raíz de este hecho, su hermano Antauro volvió a sublevarse en 2005 junto otros militares etnocaceristas, y encabezó la toma de una comisaría en la localidad andina de Andahuaylas, en la que murieron cuatro policías. Ollanta intentó despegarse de este incidente, marcando diferencias con su hermano.
A partir de ese momento, Ollanta Humala comenzó a trabajar fuertemente para acceder al poder por la vía electoral, a través del Partido Nacionalista Peruano, del que es uno de los fundadores.
La oportunidad llegó en 2006, cuando logró pasar a la segunda vuelta, pero fue derrotado por el presidente saliente Alan García. Sus vínculos políticos con Hugo Chávez tuvieron mucho que ver con esa derrota: durante la campaña, el mandatario venezolano había sido exitosamente demonizado por los medios peruanos, que lo acusaban de injerencia en la política de Perú. El efecto de esa campaña negativa persiste hasta hoy en la opinión pública del país andino, lo que obligó a Humala a salir repetidas veces a criticar al propio Chávez y tomar distancia del chavismo para evitar una segunda derrota por idénticos motivos.
Ahora que tuvo éxito en sortear todos los obstáculos que le tendieron los conglomerados mediáticos y el gobierno de Alan García para evitar su llegada al poder, Ollanta intenta disipar los últimos fantasmas que podrían complicarlo, con una gira latinoamericana que además de Brasil, Argentina y Uruguay, incluye a Chile, país del que se había declarado enemigo acérrimo antes de su triunfo electoral. Y específicamente, no abarca a Venezuela.
Pero sus principales desafíos son internos: si mantiene su palabra de encarar una lucha frontal contra la pobreza, deberá inevitablemente desmontar el aparato neoliberal que controla la economía del país, demostrando a los peruanos las falacias de un modelo productor de miseria, desprestigiado en todo el mundo. Una pelea que no será fácil ni rápida.
Eric Schultz, el vocero de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia "está consultando a los actores principales para identificar medidas de sentido común que mejorarían la seguridad de los estadunidenses y a la vez respetarían plenamente la segunda enmienda" constitucional, la cual defiende el derecho de los ciudadanos a portar armas.
