Amnistía Internacional, Oxfam y la Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras son testigos del costo humano que generan los abusos producidos por las armas, y ellos trabajan en apoyo a un control más preciso del armamento convencional.
Sin un control justo, las armas seguirán acelerando los conflictos violentos, la delincuencia, la represión estatal y la violencia doméstica. A salvo que los gobiernos procedan para detener la propagación de las armas, se derrocharán más vidas, se realizarán más violaciones de los derechos humanos y se le negará a más individuos la oportunidad de una vida digna.
El contexto es crítico. Corresponde que se tomen medidas urgentes. Los gobiernos están obligados a emprender acciones en todos los niveles para así poner fin a la angustia que excita el descontrol en el comercio de armas.
Hasta ahora, las negociaciones en el seno de Naciones Unidas para poner freno legal a esta imparable escalada han resultado infructuosas. Estados Unidos, líder mundial absoluto en exportación de armamento, ha mantenido una postura ambigua respecto a la firma de un tratado internacional, apoyando la iniciativa en un principio para más tarde forzar el aplazamiento de la firma. Otros países que ponen trabas a la aprobación definitiva de la regulación son China e India, que lidera el ranking de importadores.
Mientras los Estados deliberan y la comunidad internacional intenta superar las reticencias de las grandes potencias, la industria armamentística continúa explotando un lucrativo negocio que alimenta la violencia y los conflictos en un planeta con el dedo en el gatillo.
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