"Su maldad no tiene límites.
Están demasiado gordos
y demasiado llenos de orgullo.
No les hacen justicia a los huérfanos,
ni reconocen los derechos de los pobres."
Jeremías 5: 28
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) centrará sus esfuerzos en atender a los 4.78 millones de peruanos que se encuentran en situación de exclusión, un 16% de la población del país, informó hoy el viceministro de Políticas y Evaluación Social del sector, Juan Pablo Silva.
“A ellos queremos llevar la política de reducción de pobreza. Tenemos 12 años de desarrollo, somos el octavo país con la mayor tasa de crecimiento a nivel mundial, pero a estas personas no les llega nada y no tienen acceso a derechos básicos”, declaró a la agencia Andina.
Silva explicó que para llegar a este grupo, el Midis identificó cuatro circunstancias asociadas con la exclusión que son etnicidad, lugar de residencia, educación de la madre y nivel de pobreza.
“Las llamamos circunstancias porque son independientes de las personas y, sin embargo, limitan el acceso a ciertos derechos básicos. Los que tienen una o más de estas circunstancias son considerados en proceso de inclusión social”, expresó.
El viceministro participó hoy en la presentación de la Comisión Quipu, un grupo de trabajo conformado por expertos nacionales e internacionales que formularán propuestas innovadoras de política pública para mejorar la eficiencia de los planes de desarrollo e inclusión social en el país.
NO MÁS PROGRAMAS SOCIALES
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, afirmó que no es necesario crear más programas sociales para mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza extrema.
“Si queremos, por ejemplo, reducir la desnutrición crónica infantil no es necesario crear un programa especial para ello, sino que los existentes deben enfocarse en lograr este objetivo”, explicó Trivelli en RPP.
Contó que este enfoque ha sido bien recibido por los demás ministerios, como el de Economía y Finanzas, ya que se busca orientar los recursos a aquellos procesos que terminan en un resultado concreto, que se puede medir y evaluar, para asegurar que el gasto sea eficiente.
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