En España se pierden al año 70.000 millones de euros en fraude fiscal, o lo que es lo mismo, en evasión de impuestos. Una cantidad equivalente al 23% del Producto Interior Bruto. Resulta fácil hacer un ejercicio de Economía ficción y fantasear con lo que podría hacerse con todo ese dinero: entre otras cosas, se podrían cumplir los objetivos de déficit y se evitaría recortar en áreas tan sensibles como Sanidad o Educación. Porque cuando algunos salen corriendo al ver la cuenta, pagamos todos. Sin embargo, las cifras del fraude fiscal palidecen al lado de las de la fuga de capitales, la otra vía de agua en el casco del maltrecho galeón español: durante el primer trimestre de 2012, la salida neta de capitales superó los 200.000 millones.
Si aquellos que no quieren pagar sus impuestos decidieran cumplir con sus obligaciones, las arcas públicas dejarían de sangrar. Y es que lo que España deja de ingresar cada año por culpa del fraude fiscal equivale a casi una cuarta parte del PIB. Con tan solo equiparar la tasa de fraude a la media europea (en torno al 13%), la recaudación del Estado aumentaría en unos 38.500 millones de euros, lo que permitiría a España hacer frente al pago de los intereses de la deuda este mismo año.
Sin embargo, el dinero se escapa y parece imposible evitar su fuga. Las medidas coercitivas se han mostrado hasta ahora ineficaces, y las recompensas tampoco funcionan: Aunque la polémica amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy era recaudar 2.500 millones de euros, hasta julio solo se ingresaron 50,4. El próximo intento será un proyecto de ley aprobado el pasado dos de octubre en el Parlamento
Pero todas las medidas que se están tomando y que se pongan en marcha en el futuro serán inútiles si el dinero literalmente vuela fuera de fronteras: la salida de capitales neta durante los primeros tres meses del presente año superó los 200.000 millones de euros, como consecuencia de la huida de inversiones en cartera, préstamos y depósitos.
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